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Boletin informativo ISA No. 181, Ciudad de México, 30 de agosto de 2007

El día de ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que los bancos cedan la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda, pues a lo largo de estos años, estas administradoras de cartera han venido lucrando con la deuda de millones de mexicanos.

Lo anterior fue informado conjuntamente por las secretarías de la Hacienda Pública (a cargo de Mario Di Costanzo) y de Asentamientos Humanos y Vivienda (encabezada por Laura Itzel Castillo), así como por Rebeca Estrada, del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), quienes señalaron que esta determinación abre la puerta para que las personas cuya deuda fue traspasada a empresas de capital variable que no sean instituciones de crédito, al Banco de México o a fideicomisos establecidos por el gobierno federal, puedan ampararse ante tal cesión de derechos de cobro y se impugne el pago requerido.

Di Costanzo, Castillo y Estrada señalaron que para apoyar lo anterior, los organismos del gobierno legítimo de México, a través del CDV, brindarán la asesoría necesaria para que los deudores que tengan estos problemas puedan recurrir al amparo, “ante las arbitrariedades y usura cometidas por las administradoras de cartera en contra de los deudores, sobre todo en lo que se refiere a los créditos hipotecarios y de tarjetas de crédito”.

En días próximos, indicó Laura Itzel Castillo, se subirá un formato a la página de internet de la secretaría a su cargo (http://sahuvi.gobiernolegitimo.org.mx), para que todos los acreditados que se encuentren en cartera vencida puedan acogerse al amparo de la justicia y así hacer valer sus legítimos derechos.

Los funcionarios lopezobradoristas recordaron que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, en el cual se realizarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el Instituto, y de acuerdo con las modificaciones legales que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había realizado al marco jurídico, se estableció la posibilidad de que “entes privados no bancarios” pudieran adquirir en administración o venta “los créditos de personas u empresas que presentaran morosidad”. Esto permitió que las administradoras de cartera encontraran un clima propicio para lucrar con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios, adquiriendo los créditos del IPAB o de los bancos a precios irrisorios y cobrando la deuda a precios exorbitantes a los deudores. Así, por cada peso que ha vendido, el IPAB sólo ha recuperado en promedio 13 centavos.

“Lo anterior ha colocado a las empresas administradoras de cartera como los grandes beneficiarios del problema de los deudores, pues adquieren la deuda del IPAB o de un banco, con un descuento de 83% en promedio. Este margen se ha traducido en una ganancia directa para las administradoras y no para los deudores, y fue este tipo de operaciones, por ejemplo, lo que dio origen al jugoso negocio de las casas de 3,000 pesos que adquirieron los hijos de Martha Sahagún, (los hermanos Bribiesca) y la empresa Construcciones Practicas S.A., que las revendieron a pesos más de 300 mil”, argumentó Mario Di Costanzo.

Sobre el particular, la encargada del tema de la vivienda en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador refirió que, “como se ha venido documentando desde el CDV, esta práctica de cesión o venta de créditos morosos se ha extendido a los deudores hipotecarios del Infonavit. En la actualidad existen más de 100 mil desalojos de familias en proceso en todo el territorio nacional que han presentado morosidad en sus pagos, debido a la pérdida de su empleo o a la precaria y adversa situación económica del país. Cabe destacar que en el caso de Fovissste, la nueva Ley del ISSSTE prevé la existencia de este tipo de mecanismos que involucran a las administradoras de cartera, para el rescate de los créditos hipotecarios obtenidos a través de Fovissste”.

Por su parte, Rebeca Estrada recordó que el pasado 18 de junio, el CDV presentó un paquete de reformas legislativas a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que plantea, esencialmente, devolver la orientación social a los organismos federales de vivienda y regular sus actividades financieras.

Finalmente, Di Costanzo informó que la mayoría de las administradoras de cartera son extranjeras o filiales de firmas estadunidenses, como Goldsman Sachs (donde labora Martín Werner), GE Capital, Bankers Trust, Fénix, Auritec, First City, Recuperadora de Deuda Hipotecaria, SCRAP II, Pendulum, Lone Start Adquisition y Capmark, entre otras, que se encuentran en crisis inmobiliaria a raíz del rompimiento de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos.

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