Para L. N.
La zona donde se encuentra la mina Pasta de Conchos, de las más hermosas de Coahuila, entre dos ríos, el Alamos y el San Juan, con bosque y agua, es el territorio donde aún están bajo tierra 63 cuerpos de mineros, erradicados de la vida por la explosión en esa mina ocurrida hace 46 meses.
Hace días, familiares organizados para el rescate de los mineros, realizaron una manifestación pública, donde la exigencia fue el cumplimiento de la Recomendación de la CNDH 26/2006 para el caso de los mineros, donde la autoridad destinataria es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (StyPS). Esa autoridad, a pesar de tener conocimiento, en fechas previas a la explosión, de las deficientes condiciones del funcionamiento de la mina, no actuaron para que Industrial Minera México corrigiera las circunstancias que meses después originaron el accidente del 19 de febrero de 2006, constituyéndose en co-responsables de la muerte de los mineros.
Además de la demanda original, radicada en el rescate de los mineros, se ha incumplido con las evaluaciones periódicas del perfil de personalidad y conocimientos en derechos humanos de quienes son servidores públicos de la StyPS, donde Javier Lozano, secretario de esa dependencia, es quien más ha ostentado desden y maltrato a las viudas y familiares.
Tampoco se han tomado las medidas necesarias de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, asociados a los aprovechamientos de carbón, de lo que se ha derivado, desde la fecha del accidente y de la de emisión de la recomendación, en los accidentes de gravedad de Homero Alvarez Zamora y Nelson Reyes Cruz, o la muerte de Alfredo Ríos Martínez, Jesús Clemente Menchaca de la Cerda, Carmelo Bocanegra Manzano, Alfredo García López y Rogelio Soto Torres.
Como se advierte, con dinero, engaño y dilaciones, oficiales del gobierno federal, pretenden que la horrible tragedia quede inadvertida para siempre, que los muertos por la industria del carbón poco a poco vayan quedando en el olvido y quienes exigen la finalización de esa siniestra postergación, sean forzados a la lucha sin fin.
ABC.
La niñez vulnerada en su integridad es el peor crimen que puede ser nombrado y perpetrado. Los casos locales y los conocidos en otros sitios del país son el ejemplo. Un arquetipo es el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde 24 niñas y 25 niños fueron arrebatados de sus familias, sin que hasta ahora se posea la aplicación efectiva de justicia.
La huelga de hambre, el ayuno autoimpuesto, es la medida extrema y desesperada de aquellos que no consiguen la justicia. Esa ha sido la decisión original de Julio César Márquez, padre de Julio Cesar Marquez Baez “Yeye”, niño muerto en el incendio, acción a la que se han sumado más padres, en demanda de justicia por la muerte de las 24 niñas y 25 niños.
El derecho a la vida, por encima de cualquier otro, adquiere suprema relevancia cuando se trata de las niñas y niños. Se añade todo el agravio posible a la horrible tragedia, cuando después de la muerte masiva, la justicia rápida y efectiva es negada de hecho a las familias depredadas en su integridad.
Los nombres de los niños y niñas están aquí y los nombres de los mineros aquí.
Antonio Hernández Ramírez.
t608138@gmail.com
Movimiento Ambientalista Ciudadano.
